Transporte urbano y seguridad pública: mano firme

A finales de agosto pasado, los concesionarios agrupados en Sictuhsa lanzaron una bola ensalivada con la que pretendieron poner en 3 y 2 al gobierno del estado en una más de sus típicos condicionamientos: si el Consejo Consultivo del Transporte no autoriza una tarifa de 15 pesos, y no se resuelven los problemas de liquidez de la empresa, estaban dispuestos a regresar las concesiones. Con todo y deuda, claro.

Al parecer los concesionarios no midieron bien los efectos del petate del muerto con que quisieron asustar a todos. No midieron la reacción en el gobierno del estado, pero tampoco la de los usuarios, a quienes no les interesa profundizar en el análisis de tarifas, costos, insumos, ajustes inflacionarios, líneas de crédito, saldos insolutos y toda esa gama de pequeños grandes detalles: lo que quieren es un mejor servicio y que termine de una buena vez esa larga historia de estira y afloja que nunca se traduce en condiciones dignas para resolver sus problemas de movilidad urbana.

Más de un mes después y luego de negociaciones sobre temas que se vienen arrastrando desde muchos años atrás (120 millones de pesos de adeudos a IMSS e Infonavit, opacidad en el destino de 640 millones de pesos en subsidios, entre otras), la bola ensalivada lanzada por los concesionarios fue bateada desde el gobierno del Estado sacándola por el centro del parque.

Lo más seguro es que en el gobierno sí midieron el ánimo de los usuarios, cansados ya del mal servicio. Y mediante decreto ya publicado, recuperó la operación del servicio concesionado a Sictuhsa y Red, tomando posesión de unas 200 unidades.

Con ellas, y apoyados en taxis colectivos y camiones especializados, se tratará de prestar el servicio en mejores condiciones en tanto se regulariza la situación, de acuerdo con lo declarado ayer por el director del Autotransporte, Carlos Morales Buelna, agregando que no habrá aumento en las tarifas y que concesionarios y choferes serán integrados al nuevo esquema de trabajo, sin abundar sobre este último punto.

Lo cierto es que a la gobernadora no le tembló la mano para decretar una medida que anteriores mandatarios habían relegado, optando por abrir interminables rondas de negociaciones en las que siempre se abría la generosa llave de los recursos públicos para “rescatar” las finanzas de los concesionarios (no de todos, hay que aclarar), sin que alguna vez el servicio mejorara sustancialmente.

Durante muchos años, y la apretujada lectora usuaria, el acalorado lector no me dejarán mentir, en el imaginario colectivo fue posicionándose la idea, ante las perennes quejas de los concesionarios sobre lo poco redituable que les resultaba la prestación de ese servicio, de que devolvieran las concesiones. Negocio que no deja, dejarlo, argumentaban por doquier, citando la vieja y sabia conseja popular.

Muy irredituable, el negocio, pero no lo soltaban. Y es natural, considerando que durante décadas ha sido su forma de vida y su principal fuente de ingresos.

Sin embargo, ayer se tomó por fin la decisión de requisar las unidades y dejar en manos del gobierno del estado la prestación del servicio. Reto enorme, sin duda, porque en el camino se encontrarán mil escollos, legales y políticos, y también se encontrarán la mirada atenta de los usuarios que en su vida cotidiana comenzarán a evaluar el costo-beneficio de esta medida.

II

Y si hablamos de mano firme, queda claro que a la mitad del camino sexenal, estamos frente a un relanzamiento del gobierno de Claudia Pavlovich, donde habrán de privilegiarse criterios más acordes con la nueva realidad política que arrojó la elección del primero de julio, y en la que sin duda se va a requerir de mucha firmeza en las decisiones, sin que éstas pasen por privilegiar intereses personales o de grupo.

Si bien es cierto las renuncias de los titulares de la Fiscalía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública, Rodolfo Montes de Oca Mena y Adolfo García Morales se habían presentado días antes del viernes pasado, cuando fueron oficializadas, estos cambios mandan una señal en el sentido de que, para la segunda mitad de su gobierno, Claudia Pavlovich está decidida a modificar lo necesario para retomar el rumbo en áreas tan sensibles como la seguridad pública y la procuración de justicia.

Áreas que se vieron seriamente convulsionadas en las últimas semanas, en un contexto donde no debe descartarse el oportunismo de grupos de la delincuencia organizada para disputar territorios aprovechando los vacíos momentáneos que suelen dejar esos periodos de transición en los gobiernos municipales que no terminan de irse y los que tampoco terminan de instalarse.

En vísperas del tercer informe de gobierno, asistimos a un momento en el que se reconocen como ventanas de oportunidad esas áreas donde hay que reforzar los trabajos: hacia adentro, buscando mayor eficiencia y resultados, y hacia afuera, concertando con las diferentes fuerzas en una nueva correlación política.

Esto último es particularmente interesante en el caso del relevo en la fiscalía estatal, cuyo nuevo titular deberá pasar por un largo y eventualmente complicado proceso de selección en el que interviene, además del Ejecutivo estatal, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y sobre todo, el Congreso del Estado, que actualmente se encuentra seriamente polarizado por el tema del nombramiento de nuevos titulares en los principales cargos del aparato administrativo.

Primero, el Congreso tendría que proponer al menos cinco candidatos, aprobados por una mayoría calificada (que hasta ahora no ha conseguido ni siquiera la coalición que encabeza Morena); la lista sería puesta a consideración del Consejo Ciudadano, que en caso de validarla (o depurarla previa participación del Congreso del Estado), la enviaría a la gobernadora, que decidiría una terna y la pondría a consideración del Congreso, que elegiría al nuevo fiscal con el voto de la mayoría calificada (dos terceras partes de los diputados).

El proceso tiene sus asegunes, pues si los diputados no se ponen de acuerdo y no alcanzan la mayoría calificada en el plazo que marca la ley, la gobernadora puede designar al nuevo fiscal de entre los propuestos en la lista inicial de cinco, o de la terna que la propia gobernadora haya seleccionado.

El proceso pues, es complicado no tanto por los criterios de selección o los tiempos, sino por el momento de crispación que se vive en el Congreso, donde los acuerdos no han sido el signo distintivo en sus primeros días y antes bien, lo que ha caracterizado a los nuevos legisladores es la polarización, cuando no la ruptura.

Para el nombramiento del nuevo secretario de Seguridad el proceso es menos complicado, pues básicamente consiste en la elección por parte de la gobernadora, entre una terna propuesta por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública integrado por nueve personajes cuyos perfiles parecen más proclives al consenso que a la ruptura: Francisco Díaz Brown, Óscar López Vucovich, Jorge Cons Figueroa, Servando Carvajal Ruiz, José Germán Coppel Luken, José Antonio Díaz Quintanar, Juan Carlos Solís López, Cecilia Bours Martínez y Jesús Gámez García.

Lo cierto es que el tema de la seguridad no es sencillo ni en Sonora ni en el país entero. De hecho, el presidente electo y sus colaboradores decidieron suspender los foros de consulta que estaban realizando en varios estados del país, y en varios de los cuales no les fue nada bien y amenazaba con irles peor en los estados de Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, donde fueron suspendidos.

En Sonora, el relevo en los mandos de la fiscalía y la secretaría de Seguridad apenas comienza. Veremos qué pasa.

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