Ratifican solicitud de inicio de procedimiento de juicio político contra Presidenta Municipal de Navojoa


Hermosillo, Son., marzo 11 de 2020.- Ante los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, regidores del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, y los diputados Gildardo Real Ramírez y Alejandra López Noriega, ratificaron este día la solicitud de inicio de procedimiento de juicio político en contra de la Presidenta Municipal y del Secretario de dicho órgano de gobierno municipal.

Los denunciantes consideran la configuración de faltas, omisiones y conductas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, por parte de la alcaldesa de Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón, y del secretario del Ayuntamiento, José Guadalupe Morales Valenzuela, por lo que los integrantes de la dictaminadora se abocarán al análisis del escrito recibido.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Jesús Alonso Montes Piña, informó que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 276 de la Ley Estatal de Responsabilidades, una vez ratificada la denuncia, disponen de diez días hábiles para emitir una resolución.

Los regidores del Ayuntamiento de Navojoa, Berenice Jiménez Hernández, Carlos Alberto Quiroz Romo y Teresita Álvarez Alcántar, solicitaron que se incluya al ex Tesorero del referido órgano de gobierno municipal y que la diputada Gricelda Lorena Soto Almada, integrante de la comisión, no participe en el análisis, por considerar que existe conflicto de interés, al ser la legisladora representante del Distrito 19 con cabecera en dicha municipalidad del Sur del Estado.

El Presidente de la dictaminadora informó que ésta no tiene facultad para excluir a la diputada del análisis de la denuncia y, en todo caso, ya sería decisión de un integrante de este Poder no participar porque considere que existe conflicto de interés.

“No podemos ejecutar su solicitud, toda vez que no es una facultad de la Ley Orgánica del Congreso, entonces en aras de construir acuerdos políticos, que esa es una de las funciones de los legisladores, tanto ustedes como regidores como nosotros como diputados, muchas veces nos vemos involucrados en un tema de conversación, de acuerdo, de diálogo, de construcción de armonización de las voluntades políticas en los ayuntamientos, de los que nosotros somos representantes, como es el caso de la diputada Gricelda”, expresó.

En el análisis final que habrá de tener cada diputado, de acuerdo a la asesoría jurídica, formulará sus criterios y tomará su decisión sobre el sentido en el que votarán el dictamen en la comisión, que después se someterá al Pleno, dijo, por eso es importante puntualizar las cosas y aclarar que no hay procedimiento de juicio político iniciado, hasta el día de hoy que se hizo la ratificación.

El diputado Héctor Raúl Castelo Montaño manifestó que le preocupa que dos integrantes del Poder Legislativo participen en la solicitud, ya que esto perjudicaría la legitimidad de la denuncia, mientras que el diputado Eduardo Urbina Lucero afirmó que la ciudadanía de Navojoa quiere justicia y para ello la comisión se atendrá a las pruebas, además de que la Alcaldesa tendrá derecho a defenderse.

La diputada María Dolores Del Río Sánchez llamó a no partidizar este asunto y a ser lo más objetivos posible, postura que fue apoyada por el Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

“El compromiso que hemos hecho todos, independientemente de los colores que abanderamos, es de actuar con estricto apego a la Constitución y si este procedimiento ha de incoarse, que la Ley sea la que diga”, puntualizó el diputado Jesús Alonso Montes Piña.

En el desarrollo de la reunión de trabajo, no se entró al análisis del escrito presentado por el ciudadano Francisco Arnaldo Monge Araiza, por medio del cual presentó solicitud de inicio de procedimiento de juicio político en contra de la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, por diversos hechos que considera que han violentado de manera sistemática y generalizada su dignidad humana.

El diputado Urbina Lucero solicitó quitar el punto del orden del día debido a que a esta dictaminadora llegó una comunicación de parte del quejoso, quien remitió una recomendación emitida recientemente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia la Fiscalía, de manera que habrán de analizarla dentro del caso para tener más tiempo.

En otro punto del orden del día, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el Acuerdo que resuelve que no se amerita la incoación del procedimiento de revocación de mandato en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, al haberse quedado sin materia el asunto, y con apego a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, desechó de plano los escritos contenidos en los folios 2084 y 2110, correspondientes a la LXII Legislatura.

La suspensión o revocación del mandato fue solicitada el 29 de noviembre de 2019 por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, bajo el argumento de que los integrantes del Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, no acataron las leyes locales y federales, conforme a lo previsto en el Artículo 338, fracción III, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

El siguiente punto fue la aprobación del Acuerdo que, a solicitud del ciudadano Gustavo Acosta Gaxiola, contenida en el folio 2101-62, resuelve exhortar a la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y al titular de la Fiscalía Anticorrupción, para que en el ámbito de sus atribuciones legales, informen sobre el estatus de la denuncia referida, con la finalidad de dar certeza a la ciudadanía del municipio de Navojoa, Sonora.

Enseguida se aprobó el proyecto de dictamen que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, remitido a esta Soberanía por la Gobernadora del Estado, que establece, entre otras disposiciones, que la Secretaría Técnica estará integrada por la Coordinación General de Comunicación Social y por la Dirección General de Estudios y Proyectos Estratégicos, y se establecen diversos lineamientos en materia de atención ciudadana.

El siguiente punto fue la aprobación del Acuerdo relativo a la renuncia voluntaria del ciudadano Jesús Alfredo Bloch Martínez, al cargo de Regidor Propietario del Ayuntamiento de Carbó, Sonora, la cual fue calificada como procedente por dicho órgano de gobierno municipal.

Antes de clausurar la reunión, el diputado Jesús Alonso Montes Piña hizo entrega para su estudio de una iniciativa con proyecto de ley que reforma y adiciona el Artículo 136 de la Constitución local, que recientemente presentó ante el Pleno del Congreso la diputada María Dolores Del Río Sánchez. Los integrantes de la comisión disponen de diez días hábiles para el análisis respectivo.

A esta reunión también asistieron los diputados Jorge Villaescusa Aguayo, Norberto Ortega Torres, Gricelda Lorena Soto Almada y Nitzia Corina Gradías Ahumada.

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